Corruption and Justice in Colonial Mexico, 1650-1750

El libro se propone definir el concepto de corrupción en Nueva España entre 1650 y 1750. La tesis que defiende es que los delitos asociados a la corrupción se extendieron del ámbito estrictamente judicial a la esfera administrativa. Hasta entonces la noción se circunscribía a actos que obstaculizaban la administración de la justicia, tales como la extorsión o el soborno, la concesión de oficios de justicia a personas sin mérito o la consolidación de costumbres contrarias a las leyes justas. La transición a la esfera administrativa fue auspiciada, según Christoph Rosenmüller, por el avance del legalismo real frente al pluralismo judicial. En este contexto, el autor analiza con detalle el cambio de significado de conceptos como el mérito o las costumbres. Por ejemplo, el estrato social, que determinaba la predisposición innata hacia la virtud o el vicio, fue reemplazado por una identificación entre mérito y capacitación técnica. Este cambio permitió una movilidad social en la administración de la justicia gracias, en parte, a la venalidad.La autoridad regia de aquella centuria ha sido valorada a la luz de la corrupción como elemento determinante de una época decadente. La corrupción se ha entendido asimismo como cláusula del pacto colonial en virtud del cual la monarquía, en pleno declive, pudo mantener la soberanía en el Nuevo Mundo. Rosenmüller, por su parte, identifica ciclos reformistas y, de esta manera, presenta un paisaje más policromado, con una valoración ponderada del absolutismo. El autor establece una cronología de ventas de cargos vinculada con los objetivos políticos de los gobiernos de España. Así, la venalidad se aleja del estigma de la corrupción, al que apuntaron Mark A. Burkholder y Dewitt S. Chandler, para adquirir una finalidad política. Por otra parte, adquiere un sentido más positivo al facilitar la movilidad social de grupos con mayor vitalidad y limitar el patronazgo y el clientelismo de los virreyes. En el libro también se demuestra que la comisión de delitos no fue mayor entre los compradores y los seleccionados por criterios tradicionales. Asimismo, el estudio revaloriza la visita general de Francisco Garzarón, calificada como “the most radical in imperial Spanish history” (p. 222). El visitador destituyó a 156 oficiales y a 11 magistrados. Es tentador compararla con la visita que medio siglo después protagonizara José de Gálvez, adalid del reformismo borbónico, pues él mismo se señaló como continuador. Sin embargo, siguiendo a Michel Bertrand, deberíamos desmitificar la visita de Gálvez tanto por los precedentes como por sus consecuencias.Los argumentos de Rosenmüller se asientan sobre una rigurosa y rica investigación, que armoniza el estudio teórico y el análisis del sistema judicial novohispano. Como él mismo indica, inició su indagación teórica con la lectura del Theatro Monarchico. A continuación, fue desgranando las fuentes jurídicas de las que esta obra bebía para conocer cuáles eran los referentes teóricos vigentes, además de otros trabajos de corte teológico. Determinar hasta qué punto las fuentes incidieron en el quehacer judicial es un escollo, pero como mínimo alcanza para conocer la cultura jurídica en la que se articulaba la corrupción. Más adelante, el autor recorre todo el sistema judicial novohispano en todos sus estratos, desde el alcalde que imparte justicia en el pueblo de indios hasta el alcalde mayor que dirime en su provincia los pleitos o las sentencias dictadas por los magistrados de la Audiencia mexicana. Por último, analiza la inspección extraordinaria –es decir, la visita general– y la revisión del Consejo de Indias. En todos estos procedimientos, ordinarios y extraordinarios, se constata el uso de diferentes categorías vinculadas con la corrupción. El lector podrá averigua cuáles son mientras es conducido por una prosa elegante, atendiendo en la visita general a los testimonios, las acusaciones, las defensas y la resolución judicial. Esta visión poliédrica nos da a conocer los delitos y su categorización. A la vez, la narración ameniza las interesantes astucias de jueces y subalternos para librarse de las penas.El trabajo presenta limitaciones metodológicas difíciles de soslayar, pero que no desmerecen en absoluto al conjunto de la obra. Falta alguna reflexión acerca del papel desempeñado por los magistrados de la Audiencia, ya fuera de connivencia o de control, respecto a los alcaldes mayores como agentes que participaban y se beneficiaban del reparto de mercancías. Asimismo, cabría ponderar el análisis de las sentencias con el fin de determinar qué delitos comportaban condenas más graves, puesto que el sistema judicial, como explica el autor, operaba con parámetros volátiles.En definitiva, esta obra pasará a ser un referente imprescindible entre los estudios dedicados a la corrupción en el Antiguo Régimen y, más concretamente, en el mundo colonial. Se sumará así a la lista de las contribuciones de alta calidad en la que ocupan un lugar de honor Michel Bertrand, Francisco Andújar Castillo, Pilar Ponce-Leiva, Carlos Garriga, Antonio Feros, Inés Gómez, Guillermo Burgos Lejonagoitia y María del Mar Felices de la Fuente

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