El coronel aún no tiene quien le escriba

En Colombia, el derecho a la seguridad social históricamente ha estado ligado al ejercicio laboral, es decir, quien tiene un vínculo de trabajo formal accede a la atención en salud y adquiere el derecho a tener una vejez protegida a través de una pensión. Este derecho humano desde 1991 fue elevado a derecho constitucional, desde entonces algunas reformas constitucionales y en especial la expedición de numerosos cuerpos normativos han buscado dar solución al problema de protección en la vejez, sin embargo, el centro de las reformas continúa estando direccionada hacia quienes tienen una vinculación laboral. No obstante, las diversas propuestas, en la realidad no reflejan mejoras significativas, pues tan solo un máximo del 25 % de la población que llega a la tercera edad adquiere el derecho de disfrutar una pensión que posibilite una vejez en condiciones dignas; el resto de la población queda supeditada a la solidaridad familiar y social, algunos subsidios precarios que provee el Estado y, en un alto porcentaje, al abandono. Este estudio ha sido fundamentalmente un análisis teórico-cualitativo y busca evidenciar las condiciones estructurales -más allá de los laberintos jurídicos- que impiden que una gran parte de la población en Colombia acceda a una pensión en condiciones de dignidad, así como en los eventos de quienes, a pesar de construir los requerimientos para acceder al derecho, deben iniciar un tortuoso proceso para llegar a gozar efectivamente de este

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